Aniversario inquietante del 1-O

Aniversario inquietante del 1-O

Artículo de Cornelia Cinna/Mar Gijón

¿Recibió Andreu Martínez órdenes que van contra el ordenamiento jurídico? Si es así, ¿por qué no lo denuncia? ¿O lo han hecho dimitir?¿Por qué no ha recurrido ya el Gobierno de España las resoluciones del Parlamento catalán? ¿Por qué no ha aplicado de manera inmediata el artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional como medida transitoria? ¿Por qué no se ha llamado a declarar a Torra? ¿A qué espera la Fiscalía?

Estos días se han blanqueado las detenciones de presuntos terroristas; se han lanzado discursos incendiarios y de odio, soflamas, aspavientos y teatralizaciones como el pancantismo de Baños y Llach, llamadas a la radicalización, a manifestaciones y a la desobediencia civil canalizadas en los mass media y RRSS, incluso desde las más altas instituciones catalanas.

En esa línea, publicaron Jordi Cuixart y Jordi Sànchez al filo de la noche de ayer: «Gritar libertad, manifestarse en contra de decisiones políticas y judiciales, exigir la autodeterminación, desobedecer leyes injustas y prohibiciones arbitrarias, denunciar los montajes policiales, defender las urnas o votar en un referéndum no es violencia. Que no nos confundan.»

Como reacción y conscientes de que lo que suceda en Cataluña es factor decisivo y determinante en las elecciones venideras, Ciudadanos va a plantear una moción de censura contra el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña y los conservadores de Vox se querellarán contra Torra, además de su detención preventiva ¿Y los demás? El PP pide que se aplique la ley de Seguridad Nacional y que se ponga en práctica la ley de Partidos. El jefe -en funciones- del ejecutivo español ha declarado con la contundencia y cumplimiento de palabra que le caracterizan: “Que no jueguen con fuego y condenen rotundamente la violencia en todas sus formas y venga de donde venga, sobre todo si viene de sus filas”. Torra esta noche no duerme ante esas amenazas que sabe mutables.

Pero dejémonos de ironías y veamos los últimos acontecimientos para entender la gravedad de la situación.

23 de septiembre de 2019: detención de varios miembros de los CDR -denominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT)- acusados de terrorismo por la Guardia Civil. En sus declaraciones ha trascendido que se reunieron con una hermana de Puigdemont  para pasarse «información sensible» y ser enlace entre Puigdemont y Torra. Uno de los presuntos terroristas señaló a éste último al declarar ante el juez que «a él le dijeron» que Torra «iba a abrir las puertas del Parlament».

¿Cuál era el objetivo final de los CDR/ERT? Asaltar el Parlamento catalán cuando se hiciera pública la sentencia del procés ¿Cuáles son los cargos que les imputan? Pertenencia a organización terrorista, posesión de explosivos con fines terroristas, además de conspiración para la comisión de estragos.

¿Qué hizo el ministro Marlaska ante las detenciones? Abroncó a la Guardia Civil por la operación, habida cuenta de que se enteró por la prensa; pero ni siquiera facilitó información en nota pública, como se hace habitualmente cuando se trata de operaciones relevantes y tras recoger los datos de la autoridad judicial.

25 de septiembre de 2019: se produjo el cese de la directora de comunicación de la Consejería de Interior, Joana Vallès. Ese mismo día sale a la luz que los CDR/ERT detenidos e imputados habrían tenido explosivos y los habrían probado desde el pasado mayo.

26 septiembre 2019: los Mossos aplazaron sine die una reunión de la Comisión Mixta de Seguridad entre Estado y Generalitat -¿casualidad?-. Al mismo tiempo, en sede parlamentaria catalana, se celebró el debate de política general, produciéndose un acalorado enfrentamiento entre diputados independentistas y constitucionalistas, finalizando con la expulsión de Carlos Carrizosa de Ciudadanos y la salida de su grupo. Se preguntarán por qué. El Parlamento catalán apoyó a los presuntos terroristas del CDR, pedían la amnistía para los golpistas encarcelados por un juicio «arbitrario y sesgado», así como la retirada de la Guardia Civil de Cataluña y se reafirmaron en el derecho a la autodeterminación.

29 de septiembre 2019: ¿Recuerdan aquel «Rodea el Parlamento» con Mas accediendo a la cámara autonómica en helicóptero? Pues ha llegado al Constitucional. Y la redacción de la resolución corresponde al magistrado Cándido Conde-Pumpido, quien defiende la absolución en este episodio concreto de violencia, sienta las bases jurídicas para desactivar las acusaciones de rebelión y sedición que pesan contra los políticos catalanes por el ‘procés’, neutralizando posiblemente al Tribunal Supremo ¿Casualidad?

30 de septiembre 2019: el director de los Mossos, Andreu Martínez, dimitió ayer tras año y medio en el cargo ¿Otra casualidad?¿ A quién han nombrado? A Joan María Piqué, ex colaborador de Puigdemont.

¿Recibió Andreu Martínez órdenes que van contra el ordenamiento jurídico? Si es así, ¿por qué no lo denuncia? ¿O lo han hecho dimitir?¿Por qué no ha recurrido ya el Gobierno de España las resoluciones del Parlamento catalán? ¿Por qué no ha aplicado de manera inmediata el artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional como medida transitoria? ¿Por qué no se ha llamado a declarar a Torra?¿A qué espera la Fiscalía? ¿Qué hay detrás de la dejación de funciones de las más altas instituciones españolas? Si se sabe que va a haber más movimientos hoy que en el 1-0 anterior, ¿se han tomado las medidas oportunas? Concentraciones, cortes, manifestaciones, etc.

Coda: lo que ocurra hoy será la punta del iceberg de lo que en días sucesivos acontezca. Que Aragonés (ERC) sustituya a Torra es cuestión de tiempo.

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