El chiste de Gila

Artículo de Luis Marín Sicilia  publicado en ABC

¿Cómo puede estar intervenida Andalucía y no Cataluña, Baleares, Valencia o Murcia? ¿Estamos castigando a los andaluces por haber tenido el atrevimiento de dejar de votarlos?

Ocho de julio de 2018. Primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez tras la moción de censura apoyada por populistas y separatistas. El Gobierno acuerda «levantar la intervención de las cuentas de la Generalitat de Cataluña», según la portavoz Celaá «como gesto de normalización política», habiendo dado «instrucciones a los bancos para que atiendan las órdenes del Gobierno catalán, sin necesidad de la supervisión, del sello del Gobierno de España». A partir de ahí, como gesto de «agradecimiento», el Gobierno catalán dispone libremente de su capacidad de gasto, mientras TVE 3 y los medios oficiales no cejan en sus alegatos independentistas, al tiempo que los CDR y otros grupos inflados económicamente y las propias autoridades catalanas insisten en que «lo volverán a hacer» y el doctorado en fraude implora ser investido con su apoyo.

16 de diciembre de 2019. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, loco por conseguir su investidura, comunica a la Junta de Andalucía la «intervención financiera de sus cuentas», como consecuencia del déficit de 2018, cuyos presupuestos y ejecución fueron competencia de la entonces consejera de Hacienda María Jesús Montero, actual ministra de Sánchez. Es decir, la ministra quiere seguir fisgoneando las cuentas andaluzas, alegando que se sobrepasó el déficit por ella misma estructurado. O sea, como ha dicho Casado, «esto parece un chiste de Gila». Lo que ocurre es que los chistes de «Marisu» la de Triana tienen muy poca gracia para los andaluces, una vez más víctimas del sectarismo de quienes creyeron que esto era su cortijo. Porque todos los chistes están reñidos con el rigor y el buen gobierno, y la Comunidad autónoma andaluza ha hecho un ejemplar esfuerzo aprobando para 2020 unos presupuestos que cumplen con el objetivo de déficit y que son los primeros elaborados por el Gobierno del cambio, cuya ejecución pretende mediatizar una ministra que asistía impasible a los Consejos del Gobierno andaluz mientras los expedientes de los ERE se deslizaban por las oficinas de la Junta.

La arbitraria intervención de Andalucía por el Gobierno en funciones tiene mucho gato encerrado, empezando por el vehículo utilizado para ello: una simple carta de un secretario de Hacienda. Con razón los andaluces debemos sentirnos agraviados: la intervención de Cataluña se levanta por un Consejo de Ministros y se comunica solemnemente por su portavoz, y a Andalucía se la interviene, sin comunicación previa, con una breve carta y sin argumentación lógica.

A nadie se le escapa que los socialistas no quieren que se visualice la otra forma de gobernar puesta en marcha en nuestra tierra: rebaja de impuestos, reducción de gastos suntuarios, eliminación de organismos innecesarios y rigor en la gestión del dinero público, que para ellos «no era de nadie» y lo utilizaban a su antojo. Se trata, por tanto, de controlar y asfixiar nuestras finanzas en un momento en que las inversiones en Andalucía crecen de forma exponencialmente sostenida, gracias a la confianza de los inversores sobre las políticas puestas en práctica por el Gobierno de Juanma Moreno.

La arbitrariedad es la base de la prevaricación. Difícilmente puede aceptarse que se intervenga la Comunidad andaluza y no se haga con otras autonomías cuyo déficit es alarmantemente superior al andaluz, el cual, para mayor descaro, proviene de la gestión de quien ordena la intervención. No solo Baleares, Valencia o Murcia superan nuestro déficit. Es que Cataluña tiene la consideración de «bono basura» y alrededor del 70% del fondo de liquidez autonómica destina el Gobierno de Sánchez a esta comunidad, mientras Galicia sigue sin Ave y Extremadura carece de tren que merezca tal nombre.

Una arbitrariedad es una forma de actuar sin más fundamento que la mera voluntad o el capricho, lejos de la razón, la lógica o las leyes. Cuando incurre en ella un cargo público o un funcionario estamos ante un abuso de autoridad, porque su decisión no se puede sostener con un mínimo de argumentación técnico-jurídica y actúa a sabiendas de que no es ni objetivo ni justo. La aplicación de la ley debe ser acorde al carácter general o universal que es esencial a su propio concepto. No se puede singularizar su ejercicio. En consecuencia, ¿cómo puede estar intervenida Andalucía y no estarlo Cataluña, Baleares, Valencia o Murcia? ¿Estamos castigando a los andaluces por haber tenido el atrevimiento de dejar de votarlos?

El bien jurídico protegido por la prevaricación es el «recto y normal funcionamiento de la Administración pública» y es obvio que una medida como la notificada no puede realizarse por una simple carta de un funcionario, por muy de alto rango que sea. La forma en que se pretende intervenir las cuentas andaluzas «se desvía de la praxis administrativa de manera flagrante, notoria y patente», provocando «una voluntad injustificable, revestida de una aparente fuente de normatividad». Y esto, según el Tribunal Supremo reitera (sentencias 674/1998 y 1015/2002, entre otras), son supuestos límite que intentan «imponer arbitrariamente el nuevo capricho de la Autoridad en un injustificado abuso de poder».

La ministra Montero haría bien en no enfangar el terreno de juego con actitudes como esta, mientras el doctor Sánchez, además de explicarnos por qué, una vez más, los españoles hemos de someternos a los caprichos de los sediciosos, debiera desentrañar ese privilegio en cuya virtud Rajoy no podía ser presidente del Gobierno porque a dos alcaldes de pueblo les afectaba la corrupción, y él sí puede serlo teniendo a dos ministras en su gabinete que formaban parte del Gobierno andaluz condenado por corrupción institucional.

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