Sánchez rechaza lo que Europa le ofrece y se enfrenta al primer gran riesgo de su mandato

Artículo de Francisco Rubiales

Europa quiere tutelar a Pedro Sánchez porque no se fía de él, pero Sánchez no quiere tutela alguna y hasta está dispuesto a renunciar a parte de los 140.000 millones de euros que le corresponderían a España en el reparto de los fondos de reconstrucción a cambio de que se los den sin condiciones, sin que él tenga que cambiar su política.

La batalla entre Sánchez y Europa es la mayor prueba a la que el discutido político español se enfrenta desde que asumió el poder tras expulsar de la Moncloa a Mariano Rajoy. Es la lucha entre la austeridad y el despilfarro, entre el control y la locura, entre quien no quiere ser tutelado y quien dice que sin tutela no hay dinero.
Sánchez le tiene pánico a la fiscalización y la tutela de Europa porque sabe lo que Europa va a exigirle y porque le resultará imposible negar que existe una profunda desconfianza hacia su política de izquierdas. No quiere, bajo ningún motivo, que la ayuda llegue acompañada de los hombres de negro y que tenga toda la apariencia de un rescate, pero la Europa del norte no está dispuesta a regalar nada a un país cuya economía, duramente influida por el comunismo, es débil, caótica y ruinosa, víctima del capricho y del despilfarro, hostil a la empresa y al capital, cargada de instituciones inútiles, con leyes que espantan a la inversión y el emprendimiento y que tiene que mantener, por deseo de los políticos, un Estado desproporcionado, lleno de lastre inútil, cargado de privilegios para las clases dirigentes, sobre todo para los políticos, que en España tienen más fueros, poder y privilegios que los grandes señores feudales del medievo.

La batalla entre la «cigarra» cantarina española y la «hormiga» laboriosa europea se librará entre hoy y mañana, pero será larga y difícil porque España e Italia se resistirán al cambio, sobre todo España, líder de la opereta y el desastre del sur europeo. Sanchez ya está cediendo en sus arrogantes previsiones iniciales, que eran recibir el dinero sin condiciones, un mecanismo al que él llamaba «solidario», pero que en realidad era ridículo porque carece de sentido entregar dinero a un manirroto despilfarrador sin controlarlo previamente y asegurar a los ciudadanos europeos, que en realidad son los que pagan, que su dinero servirá para salvar un país, no para reforzar el poder de un sátrapa.

Ha bastado que Europa ponga la lupa sobre España y analice lo que ocurre detrás de los Pirineos para que el planteamiento español de dinero regalado sea rechazado con fuerza, como ya le han comunicado a Pedro Sánchez los dirigentes de los países del rigor, encabezados por Holanda y Suecia, que cuentan con el apoyo subterráneo de Alemania, que reprochan a España, entre otras cosas, el deterioro de la democracia y el tamaño del Estado, hipertrofiado, insostenible y lleno de enchufados inútiles y privilegios inmerecidos, además de carecer de rigor fiscal y de no haber sido previsora aprovechando los años de crecimiento y euforia económica para crear un colchón fiscal, reducir su peligrosa deuda y acumular fondos de reserva para situaciones de crisis.

En resumen y en román paladino: Europa quiere que España sea un país serio, democrático y decente, no la boñiga injusta, corrupta e inmoral que es hoy, por obra y gracia de un liderazgo político que no ha dado la talla ni sabido gobernar. Pero como no se fía de que el gobierno de Sánchez cambie y corrija su rumbo despilfarrador, caprichoso y enloquecido, quiere mandar a cambio de entregar dinero y obligar a los políticos españoles a que regeneren la pocilga.

La lista de cambios que Europa exigiría es temible, pero altamente benefciosa para España y su pueblo, aunque represente un durísimo golpe en el hígado a la clase dirigente, que tendrá que cambiar y renunciar a su comportamiento sátrapa si quiere ayuda.

Tendrá que combatir en serio la corrupción, reducir ministerios, agencias, empresas, fundaciones, observatorios, institutos y chiringuitos nacionales, autonómicos y locales, liquidar el clientelismo y eliminar la inmensa red de parásitos que ordeñan el Estado sin piedad, hasta el hartazgo, usando coches oficiales, dietas, dinero negro, ejércitos de secretarias y asesores, todo un abuso de poder protegido por aforamientos y tribunales especiales donde es casi imposible que la corrupción galopante sufra condenas.

Se calcula que hay más de un millón de enchufados de partidos políticos en todo el Estado, incluyendo, por supuesto, cada comunidad autónoma. En Europa creen con razón que esa organización es insostenible, ademas de antidemocrática, injusta e indecente.

El dinero sólo llegará si España se somete a un durísimo purgante Europeo de aceite de ricino, eliminando corruptos, privilegios, instituciones, municipios y miles de lujos y abusos sin sentido, además de fortalecer la democracia real dejando libre a la Justicia y retirando a los partidos ese monopolio obsceno que ejercen sobre el Estado, la sociedad civil y el país entero, hasta el punto de que la única manera de definir hoy a España con rigor es como una «Partitocracia abusiva e inmoral».

Después hay un segundo escalón de reformas que no son condiciones inamovibles y que pueden negociarse, aunque Europa las aconseja con gran interés, como son la unión de varios municipios en uno e incluso el rediseño de algunas autonomías para reducir sus desproporcionados gastos. Por ejemplo, Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla podrían unirse e integrar una única autonomía. Habría que «jubilar» también a cientos de miles de políticos, servidores públicos y enchufados innecesarios, eliminar la financiación de partidos, sindicatos y la lluvia de subvenciones públicas que los políticos utilizan para reforzar su poder y beneficiar a sus amigos, además de un largo etcétera que mis fuentes europeas consideran que ocupan medio centenar de folios seriamente estudiados y redactados por los expertos europeos.

(Para la redacción de este artículo se han utilizado fuentes periodísticas y conversaciones con funcionarios españoles e italianos destinados en los órganos comunitarios de Bruselas y Estrasburgo).

 

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