Artículo de Francisco Rubiales
No es un delito, ni una falta de solidaridad. Trasladar la residencia a otro país para escapar de la abusiva fiscalidad de España es un acto de libertad y de rebeldía democrática, además de un deber. Los ciudadanos, en democracia, tienen la obligación de controlar a sus gobiernos y de castigar sus abusos, arbitrariedades y corrupciones. Unos impuestos desorbitados, a veces con rasgos confiscatorios y de doble imposición, como los españoles, constituyen un claro abuso de poder contrario a la democracia, a la ética y al bien común, contra los que el ciudadano demócrata tiene el deber de luchar pacíficamente.
Escapar del acoso fiscal español es pura defensa ciudadana. Los paraísos fiscales son la consecuencia directa de políticas abusivas y confiscatorias como la que practican muchos gobiernos, entre ellos el español, creadores de infiernos fiscales que arruinan y subyugan al contribuyente.
La gente, lógicamente, prefiere el paraíso al infierno y todo el que se ha esforzado en la vida y ha logrado algún patrimonio, huye para evitar que se lo arrebaten y poder legarlo a sus descendientes.