Artículo de Pedro de Tena
Todo tiene que ser nuevo tras la llegada al poder de Pedro Sánchez porque todo lo tradicional tiene en sí mismo el pecado original de las derechas, de los conservadores, de los carcas y de los socialdemócratas timoratos del posfranquismo. Tras la pandemia de coronavirus, cuyas mentiras siguen sin ser expiadas con las dimisiones necesarias, se habló de la nueva “normalidad”. Ahora estamos en pleno desarrollo de la nueva “animalidad”, de la nueva “sexualidad” y ya vamos camino acelerado hacia la “nueva constitucionalidad” que es como se llamará al golpe de Estado puro y duro de inspiración trotskista – léase a Curzio Malaparte y su teoría del golpe de Estado -, que está destruyendo la Constitución de 1978. Ya hay que hablar así de claro porque en otro caso no entenderemos nada de lo que estamos viviendo.
Se le escapó de la boca al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo: “Estamos en un proceso constituyente”. No. Estamos no. Está en ello el social-comunismo-separatismo aunque, inexplicablemente, algún constitucionalista aúlico de todas las izquierdas, separatistas o no, diga que quienes dieron un golpe de estado en España fueron el centro derecha y el Tribunal Constitucional ya en 2007. Pero lo estamos, sí, al estilo Romanones: nos quedamos con la letra de la Constitución y dejamos a los golpistas las leyes, orgánicas e inorgánicas, que harán que donde la Carta Magna decía Diego diga Digo. Es la nueva morfología de un golpe de Estado que va astutamente “de la ley a la ley” y de trampa legal en trampa legal, sin necesidad de controlar el poder decisivo de las fuerzas del orden público ni del Ejército (a pesar de sus intentos solapados tras purgas internas, exclusiones y desvirtuación del papel de las Fuerzas Armadas. Se sabe que el CNI ya no opera en Cataluña y que pronto dejará de hacerlo en el País Vasco. O sea.
Como es habitual, de lo que se trata es siempre de torturar el lenguaje, el común y el jurídico, para que confiese que dar un golpe de estado contra el ordenamiento constitucional no es un delito de sedición ni de rebelión y que usar fondos públicos para perpetrar esa infamia u otras tales, partidistas y excluyentes como el caso ERE, ya no se considera un delito de malversación de caudales públicos. Entre las malversaciones democráticas, la más costosa y terrible es la de imponer que los Tribunales dependan de los partidos políticos, de todos ellos primero. Luego, se trata que dependan sólo de los partidos de la izquierda. Esa fue el cepo que cazó al centro derecha español que sigue sin tener ni idea de lo que es la estrategia de las izquierdas y los separatismos en un marco democrático “burgués” que desprecian.
Cuando los historiadores del futuro, si es que queda alguno con tan digno nombre, tras la purga de la memoria democrática que las izquierdas aplican para producir la amnesia interesada de los propios crímenes contra la convivencia, caractericen este período dirán que hubo en España un golpe de Estado que comenzó en octubre de 2017. El golpe, iniciado en Cataluña por los separatistas, echó a andar con la llegada al gobierno del PSOE de Sánchez y el Podemos de Pablo Iglesias, sostenido por izquierdistas e independentistas de todas clases. Desde entonces hasta la sacudida final, después de un lento y medido desarrollo, tuvo como consecuencia la ocupación del Estado por parte de las cúpulas de todos estos partidos. Arzallus, Pujol y el PSOE andaluz lo ensayaron en sus laboratorios. Luego vendrá la segregación efectiva de España, que no tiene por qué ser largarse sin más de su mercado principal, de dos de sus regiones, las más ricas, acompañadas de algunas más.
El momento del año elegido para proceder a acelerar el golpe ha sido el puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. El ataque que encierra a la bientencionada Transición que nos ha proporcionado los mejores 44 años de la reciente historia de España, es precisamente una “maculada concepción”, esencialmente de origen etarra y trotskista pero asumida ya sin rubor por toda las izquierdas y separatismos. ETA, ahora travestida hipócritamente en un conglomerado de asociaciones legales, justifica así la continuación de su matanza tras el fin del franquismo, muy especialmente de la ejecución de los socialistas que asesinó. De esta maculada y sangrienta concepción, que sólo necesita una minoría de parlamentarios, juristas y activistas profesionales del golpe, se alimenta el gobierno de la Nación y se dispone a sentar las bases de una nueva Constitución que no se aprobará por referéndum alguno sino por la fuerza de la mayoría parlamentaria.
En ella, la unidad de España no será un principio sagrado y la soberanía nacional que reside en todo el pueblo español será sustituida por la soberanía de algunos territorios como se intentó en 2007 con el Estatuto Catalán. La Justicia no será jamás independiente de los partidos y, poco a poco, vendrá todo lo demás, desde la antimonarquía al fin de los derechos humanos “burgueses” y de los deberes y libertades democráticas, igualmente burguesas.
“O prevalece la voluntad democráticamente constituida o prevalece el golpe de Estado. No hay más alternativa”, escribió uno de los santones jurídicos de la izquierda golpista para el cual la voluntad democráticamente constituida sólo es y debe ser la de las izquierdas y separatismos al margen de lo que digan el texto constitucional y el Tribunal Constitucional. En 2007, el Estatuto Catalán aprobado por el Congreso conllevaba elementos inconstitucionales como el de pervertir la soberanía nacional y la unidad nacional, entre otras cosas. Por ello, fue recurrido por el PP y anulado, en parte, por el Tribunal Constitucional. Pero para estos calientagolpistas, la legitimidad estaba en el dúo Congreso-Generalidad, dominado por el social-comunismo-separatismo -, porque si la mayoría es de izquierdas siempre es legítima, haga lo que haga, y el golpe de Estado, con ese nombre, lo dieron el PP y el TC con el recurso y su fallo. En ello siguen. Por ello, el control del TC, y de todo el poder judicial, es urgente y vital para el golpe.
Dicho todo esto, sí. La moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez y sus sicarios debe ser presentada. Hay que convertir su debate en una explicación ardorosa, clara y movilizante de la unidad de una mayoría nacional que, en las próximas elecciones que hay que reclamar, debe cerrar para siempre las puertas a la impunidad del golpe de Estado que empezó en 2017 y sigue y sigue y seguirá si no se detiene. El PP de “Feijoy” – Cs ya da igual -, debe comprender que, como vuelva a sacar el puñal casadista, se convertirá en un clan inútil e invotable que dejará a Isabel Díaz Ayuso convertida en el verso suelto que lo acojona y a Vox en referente decisivo de los muchos que advertimos que “no es esto, no es esto”.
