Artículo de Luis Marín Sicilia
Emborrachado de optimismo, alentado por un presidente del Gobierno conmilitón que había proclamado públicamente que “hay que sacar a la política de los juzgados”, es decir hay que dejar que los políticos, desde el poder, hagan lo que les de la gana pues tienen bula y los ciudadanos son imbéciles; embriagado, insisto, ante tanto éxtasis triunfal, el exministro Illa, sí, aquel que tan torticeramente gestionó la pandemia, exclamó en plena efervescencia: “¡Ahora las lecciones de patriotismo las vamos a dar nosotros! ¿Qué se han creído?”.
Ocurrió todo el domingo 11 en Barcelona donde Pedro Sánchez, que no se atreve a salir a la calle sin una protección elefantiásica, cogió el Falcon para un acto de partido porque este hombre no sabe cómo se conducen los líderes demócratas en el mundo libre. Y allí, ante sus correligionarios que dicen ser de izquierdas y socialistas (ja, ja) es decir, que creen en el respeto a la ley y en la igualdad de todos, sin privilegios por razones de nacimiento, edad, sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra circunstancia o condición personal o social. Allí, en ese acto multitudinario donde se olvidaba que el artículo 14 de la Constitución española dice que todos los españoles son iguales ante la ley, el hombre de las mil caras y las innumerables mentiras decía solemnemente que “hay que evitar que Cataluña y España nunca más vuelvan a vivir aquellos días tristes del año 2017”, el año de la infamia y de la fractura constitucional que sus socios sediciosos protagonizaron y a los cuales venía a liberar de sus responsabilidades.
Si fuera verdad que con sus revisiones vergonzosas y vergonzantes del Código Penal, elaboradas con nocturnidad, alevosía y premeditación, Sánchez pretende que no se vuelvan a repetir hechos tan lamentables, la lógica más elemental pasaría por reforzar los mecanismos y sanciones que la ley debe reservar para quien la vulnera. Y Sánchez ha hecho exactamente lo contrario: después de indultar a los delincuentes pretende ahora amnistiarlos por la puerta falsa (ya que la amnistía no es posible con la Constitución en la mano) para lo que no tiene reparo en derogar la sedición y prostituir la malversación para que sus amiguetes del “procés” se pavoneen concurriendo a las urnas bajo el latiguillo infumable de que lo volverán a hacer.
Después de espetar, a quienes no piensan como ellos, que “qué se han creído”, el de la protección de los sanitarios bajo su mandato con bolsas de basura, exclamó rotundamente que “¡La Constitución se cumple toda!”. Magnífica ocasión de demostrarlo sin perder un solo segundo. En primer lugar, tendrían los socialistas que prescindir de quien, ante los mismos hechos, dijo sin dudar y reiteradamente antes de las elecciones de 2018 que lo acaecido en Cataluña era un caso de rebelión de libro. Después de las elecciones, sin que los hechos hubieran variado, provocó el cese del Abogado del Estado que defendía la rebelión porque él ya solo apreciaba sedición, inducido sin duda por quienes pretendieron el golpe, convertidos ya en sus compañeros de viaje. Y por último, como los “patriotas” catalanes quieren seguir disfrutando las gabelas del poder, Sánchez se carga el delito de sedición y rebaja la malversación. No cabe duda de que, si hay alguien que no está legitimado para liderar una regeneración que haga realidad eso de que “la Constitución se cumple toda”, ese es Pedro Sánchez. Por tanto, si Salvador Illa y lo que pueda quedar de socialismo creíble quieren de verdad que la Constitución se cumpla entera, lo primero que han de hacer es defenderla.
Después de los desafueros que Sánchez culminará a lo largo de los próximos días, es de especial urgencia defender el bien jurídico dañado por el sanchismo que no es otro que el de la garantía de la convivencia democrática del pueblo español dentro del respeto a la ley, tal como proclama el preámbulo de la Constitución. Quien atente contra esos principios comete un delito contra el orden constitucional, y así lo consideran todos los ordenamientos jurídicos democráticos.
Si se expulsa por Sánchez y sus mariachis, el delito de sedición del Código Penal, la Constitución no puede quedar indefensa por actos insurgentes que atenten contra la misma. En consecuencia, si de verdad hay algún socialista que piense -como dice Illa- que hay que cumplir la Constitución, aparte de negarse a apoyar las iniciativas vergonzantes emprendidas en el “puente negro de diciembre”, podrían plantear la introducción de un delito contra la Constitución, ampliando los supuestos del artículo 472 del Código penal sobre la rebelión. Se incorporaría un apartado B a dicho artículo, quedando los siete supuestos actuales, que exigen alzamiento violento y público, englobados en el apartado A. Dicho nuevo supuesto establecería lo siguiente:
“ B.- Serán igualmente reos de delito de rebelión las autoridades, funcionarios y cargos públicos que promovieran o permitieran actos contrarios al principio de soberanía nacional y a la integridad territorial, tanto si lo realizan en uso de sus funciones, como si lo hicieran atribuyéndose otras que no le corresponden”.
Tal como ha derivado un presidente de Gobierno que no tiene límites en su autoritarismo, es imprescindible salvaguardar el orden constitucional frente a quienes quieren cambiarlo violando las normas y procedimientos previstos para su reforma. Ello exige una proposición legislativa similar a la expuesta, que amplíe los supuestos de rebelión en nuestro ordenamiento jurídico, en línea con lo que establecen los códigos de nuestro entorno democrático y tal como personalidades y colectivos vienen reclamando, el último de ellos en el Manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, suscrito por importantes cargos del PSOE socialdemócrata que modernizó el país.
Y sería conveniente que los atentados contra el orden constitucional no pudieran indultarse. Ya existen muchos países que así lo establecen y en España, la actual ministra portavoz Isabel Rodríguez, frenó una iniciativa del Partido Popular en esa línea, alargando el procedimiento cuando presidió la Comisión parlamentaria competente, hasta hacerla inoperante. Sánchez y sus mariachis ya trabajan para la impunidad de los sediciosos. Y lo hacen con el desparpajo que define a los totalitarios, diciendo con soberbia y desdén eso de “¡Qué se han creído!”.
