Tea Party

 

Artículo de Isabel Sastre

 

Bajo este nombre se evoca el Motín del Té de Boston a finales del siglo XVIII que protestaba por la aprobación de impuestos al té, dado que los implicados en su comercio no contaban con representación en el parlamento británico. Actualmente bajo esta denominación encontramos un movimiento político que defiende la vuelta a los orígenes constitucionales de los Estados Unidos, tiempos marcados por la defensa de una mínima intervención del Estado en las cuestiones individuales. Entre estos asuntos, y siempre enfocando con una lupa mediatizada por el espíritu puritano que fundó este país, se halla la sempiterna discusión acerca de la legitimidad del Estado para recaudar y el uso que pueda producirse de tales caudales.

Nuestro entorno no discute la necesaria intervención de la esfera pública en los asuntos particulares, derivada esta de la dimensión del Derecho como contrato social y regulador de toda actividad; pero sí el grado de participación en los mismos.

Llegados a este punto de la disertación, sí podemos preguntarnos si este movimiento podría tomar carta de naturaleza en una sociedad como la nuestra, europea y mediterránea, caracterizada además del Imperio de la Ley, por el desarrollo de un Estado al que se le presupone pretensiones benefactoras y si el liberalismo económico podría sobrevivir frente a las demandas democráticas que se exponen en los diversos ordenamientos jurídicos que regulan la convivencia en nuestro continente.

Expuesta esta realidad, la alternativa pasa por recortar el gasto que el Estado reparte entre todos los ciudadanos racionalizando su funcionamiento: desmontar administraciones paralelas; erradicar privilegios fiscales que no solo dañan la idea de igualdad de todos los ciudadanos (en el caso español, evocar de una vez por todas el art.14.1 CE), sino que son un atentado para la redistribución justa del recurso; evitar la desviación de este último bajo corruptelas que alientan el enriquecimiento de unos pocos a costa de otros; desarrollar políticas basadas en el bien común y no en el particular; mejorar el necesario liberalismo político que separa las tres funciones que ejerce con monopolio el Estado para procurar una conducción correcta de las materias; publicar las cuentas de todos para poder conocer el fruto de nuestros impuestos.

Dada la composición humana de los gobiernos, podemos esperar que no sean perfectos, pero bajo la circunstancia de la crisis económica que se adivina, deben al menos, ser prácticos.

 

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