Una afrenta sin castigo

Una afrenta sin castigo

Artículo de Manuel Vicente Navas

  • Los españoles hemos asumido como un axioma irrefutable que nuestros políticos ejercen su actividad pública en contra de nuestros intereses
  • Los cuatro partidos mayoritarios han coincidido en que la expresión popular del pasado 28 de abril no les gusta y que los españoles tendremos que volver a votar el 10 de noviembre
  • Una vez consumada esta segunda afrenta a los españoles, PSOE, Ciudadanos y Podemos deberían buscar otros candidatos

Lejos de considerar a la actividad política como un servicio público, los españoles vemos a nuestra clase política como un problema, según se refleja permanentemente en los barómetros del CIS. De hecho, es francamente minoritario el sector de la sociedad que concibe la actividad política como un servicio público, lo cual contrasta con el hecho de que la inmensa mayoría de los políticos se consideren, e incluso se autocalifiquen, como “servidores públicos”. Los españoles hemos asumido como un axioma irrefutable que nuestros políticos ejercen su actividad pública en contra de nuestros intereses y que, por muy grave que sea la afrenta, será imposible adjudicarles el castigo que se merezcan. Quizá sea por ello que nuestra clase política ha vuelto a consumar, con total impunidad, el peor desprecio que puede hacer a la sociedad a la que se supone que debe servir y cuyos problemas se supone que debe solucionar.

Por segunda vez en la actual etapa democrática la clase política ha desobedecido el mandato de las urnas, despreciando la voluntad que ha expresado el pueblo español, al cual obliga a volver a pronunciarse debido a su incapacidad para cumplir con la obligación de dotar al país de un Gobierno que sea acorde a los resultados de las últimas elecciones. Sin el menor atisbo de pudor, con total desfachatez, y sólo preocupados por las consecuencias que pueda tener la desmovilización social en sus resultados propios, los cuatro partidos mayoritarios han coincidido en que la expresión popular del pasado 28 de abril no les gusta y que los españoles tendremos que volver a votar el 10 de noviembre. Serán las cuartas elecciones en cuatro años. ¿Esto era la nueva política de la que alardeaban Podemos y Ciudadanos?

Al igual que ocurriera tras los comicios de diciembre de 2015, el bloqueo político que sufre España viene provocado por la actitud arrogante y torticera de unos inconscientes ensimismados exclusivamente en sus deseos de captación de votos, y cuyas decisiones no soportan el más mínimo análisis de coherencia, especialmente en los casos de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera.

El mismo líder socialista que hace tres años se negaba a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy -utilizando aquella chulesca expresión “qué parte del NO no entiende”- pone hoy cara circunspecta y se inventa argumentos estúpidos para justificar que el PP debe permitir en el Congreso su reelección como presidente del Gobierno. Por aquel entonces, Sánchez hacía el paripé con Rivera, revistiendo de boato y solemnidad, la firma de un pacto de gobierno estéril ya que la suma de sus escaños no era suficiente para nombrarle presidente. Incluso se atrevieron a comparecer en sesión de investidura a sabiendas de que no era más que teatro electoralista.

Sin embargo, ahora que sí superarían los 175 votos necesarios en el Congreso para la formación de nuevo Gobierno, los máximos dirigentes del PSOE y Ciudadanos se afanan más por la disputa que por la conciliación, luciendo un escasísimo sentido de Estado. ¿Cuándo mintieron a los españoles: cuando hace tres años mostraban su pacto como la solución a los problemas del país o ahora que se presentan como contrincantes ideológicos? Sin ninguna duda, en ambos casos. Mintieron entonces y mienten ahora.

Porque, si en algo es experto el líder de Ciudadanos, es en mostrar sin ruborizarse la faz que en cada momento le interese, incluso defendiendo postulados contradictorios. Rivera se ha erigido en el dirigente político más propenso a contradecir sus propios postulados en función de intereses electoralistas, lo que le lleva a episodios tan asombrosos como propiciar un pacto con el PSOE en 2016 y gobernar con el apoyo de Vox en 2018. Semejante trayectoria errática e incoherente sólo puede explicarse desde la más absoluta indiferencia a la opinión pública y con la más absoluta certeza de su manipulación.

No obstante, y una vez mencionada la palabra manipulación, hay que referirse inevitablemente al ‘marqués de Galapagar’ que convocó un referéndum entre la militancia de su partido sobre la compra de su chalet de un millón de euros, desde el que seguir criticando a “la casta”. El afán mostrado por Pablo Iglesias, líder de Podemos, por acceder al Gobierno para garantizarse unos ingresos mínimos durante años refleja su nulo concepto de la actividad política como servicio público. En este vodevil de la negociación para la investidura, Iglesias ha ido rebajando sus exigencias en una actitud casi servil con respecto al PSOE pero siempre con la condición del Gobierno de coalición en el que estarían presentes, o bien él mismo, o bien la copropietaria de su chalet, Irene Montero.

Sea por unos motivos u otros, la realidad es que estos tres dirigentes políticos nos abocan a los españoles a volver a votar. Su desprecio a nuestra opinión vuelve a generarnos un inconveniente que, sin duda, reforzará la consideración mayoritaria de que nuestra clase política, lejos de ser servidores públicos, son un problema para la sociedad española, ante la que Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias no deberían volver a presentarse para pedirle su confianza, una vez que han demostrado por segunda vez que no merecedores de ella.

Una vez consumada esta segunda afrenta a los españoles, PSOE, Ciudadanos y Podemos deberían buscar otros candidatos con los que concurrir a las elecciones ya que Sánchez, Rivera e Iglesias han quedado completamente desautorizados para regir los destinos de un país al que desprecian cuando la opinión que expresa en las urnas no es de su agrado. Su incapacidad para llegar a acuerdos anteponiendo los intereses de los ciudadanos respecto a los suyos, y los de sus partidos, ha quedado de manifiesto en esta segunda legislatura fallida, en la que ha quedado patente la escasa categoría de nuestra clase política.

 

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